Este jueves, 1 de enero de 2015, ha entrado en vigor la subida del IVA que se aplica a buena parte de los productos sanitarios, que pasan a tributar el 21 por ciento (hasta ahora lo hacían al 10 por ciento). El impacto de esta medida está por ver, y no será hasta que lleve en marcha un tiempo prudencial cuando se pueda hacer un balance con datos reales, pero los cálculos previos dicen que Hacienda va a recaudar unos 400 millones de euros con esta medida que va a afectar al conjunto de los productos sanitarios, con algunas excepciones como las prótesis, las gafas graduadas, o las sillas de ruedas, entre otras.

Este incremento tributario, incluido en la reforma fiscal aprobada el pasado mes de noviembre, es consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) de enero de 2013 que condenaba a España por la aplicación “ilegal” del tipo reducido a ciertos productos sanitarios. Desde el sector sanitario han sido muchas las voces que han alertado de los problemas que puede suponer este incremento.

Así, desde la sanidad privada, se han venido lanzando distintos mensajes poco optimistas. Por un lado, la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) advertía en julio que el cambio tributario supondrá un incremento medio de costes del 2,6 por ciento en las compras habituales que realizan los centros privados. Por otra parte, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha cuantificado el impacto de la medida en un aumento de los costes superior a 82 millones de euros para el conjunto del sector, con una reducción de los resultados en Ebitda del ocho por ciento de media.